Lucha contra los monopolios, defensa de la competencia y gobiernos intervencionistas

Con mucho pesar vemos que la situación del marco jurídico de la regulación económica, el derecho administrativo económico y la defensa de la competencia está bastante de capa caída en Argentina. Azuzados por el intervencionismo económico del tristemente célebre gobierno "K", distintos funcionarios, entre los que destaca el por decir lo menos polémico (delincuencial sonaría más justo) Ministro de Planificación y Obras Públicas, Julio de Vido, quien se ha convertido últimamente en un "adalid" de la lucha contra los "monopolios". Que yo sepa, en todas las economías libres, el monopolio no está prohibido, sino el abuso de la posición dominante en un mercado determinado. Más aún si se trata de empresas en red, en las cuales se permite la posición de dominio sujeta a las reglas de la regulación para la competencia que generalmente se imponen al operador dominante. Por eso sorprende que el Gobierno K amenace con la estatización de la empresa Telecom, debido a que parte del paquete accionario de la misma, como resultado de fusiones, y operaciones societarias diversas ha sido adquirida por Telefónica, lo cual a criterio del Gobierno, constituye un "abuso de posición dominante, incumplimiento de los objetivos de la privatización, y afectación de la competencia".
Al parecer, la Comisión nacional de defensa de la competencia (CNDC) de Argentina, ordenó que se realice la desinversión de Telefónica en Telecom. Sin embargo, dicha disposición ha sido paralizada por una medida cautelar que ha obtenido Telecom. Ante ello, viene la amenaza gobiernista de estatizar la empresa.
Sin ánimo de entrar a profundizar el tema, esto preocupa y mucho. En primer lugar porque permite comprobar que los gobiernos intervencionistas usan desprolijamente la "defensa de la competencia" para justificar las estatizaciones y una serie de políticas dirigidas a expropiar directa o indirectamente la propiedad privada. En segundo lugar, porque las controversias con respecto a actos administrativos de la CNDC debe ser siempre a nivel judicial y el Gobierno tiene que respetarlas. En tercer lugar, no hay motivo para una nacionalización, si la empresa presta adecuadamente el servicio y tiene una buena gestión económica. En tal sentido, no existe justificación alguna que la prepotencia escondida bajo la "lucha por la competencia". ¿Intervenir de forma bárbara sobre la propiedad privada es signo de protección del interés público?
La fuente, aquí.